Todos los padres quieren lo mismo: hijos que estén seguros en internet. He pasado treinta años en ciberseguridad, incluido un tiempo como contratista de la NSA y como tecnólogo en jefe de una empresa de TI de US$10 mil millones. Desde que soy papá, he dirigido ese trabajo hacia la tecnología familiar, y hoy Family IT Guy llega a millones de familias al mes. Mantener a los niños seguros en internet es el problema al que elegí dedicar mi carrera. Esto es lo que he aprendido sobre él y sobre las leyes que se están redactando ahora para resolverlo.
Los dos peligros que de verdad amenazan a los niños
Dos problemas son los que causan el daño real, y los dos son graves.
El primero son los algoritmos adictivos. Las empresas de redes sociales ponen a científicos del comportamiento y a ingenieros a trabajar lado a lado para construir sistemas que capturan y retienen la atención: feeds sin fondo, reproducción automática, notificaciones ajustadas para hacer que un niño vuelva, recompensas variables que funcionan como una máquina tragamonedas. Son decisiones de producto, no accidentes. Los niños están especialmente expuestos, porque la parte del cerebro que rige el control de los impulsos y del riesgo no termina de desarrollarse hasta mediados de los 20 años. El cerebro de un adolescente no está hecho para resistir sistemas diseñados para que a los adultos les cueste dejarlos.
Los resultados se ven en los datos. En Estados Unidos, el suicidio es hoy la segunda causa de muerte entre las personas de 10 a 24 años, y la tasa de suicidio de los niños de 10 a 14 años se triplicó entre 2007 y 2019, los mismos años en que las redes sociales llegaron a los bolsillos y a las habitaciones de los niños. La versión humana de esa estadística se parece a Alexis Spence, que se abrió una cuenta de Instagram a los 11 años, dos años por debajo de la edad mínima de la plataforma. Su algoritmo la llevó hacia contenido sobre dejar de comer y autolesiones. A los 12 había dibujado un autorretrato con las palabras “estúpida fea gorda” y “mátate”. A los 15 estaba en tratamiento de emergencia por un trastorno alimentario y pensamientos suicidas. La suya se convirtió en la primera demanda que se apoyó en la investigación interna de la propia Meta.
El segundo peligro es la comunicación anónima: las vías abiertas que permiten que desconocidos lleguen a los niños a través de juegos, mensajes, comentarios y mundos virtuales. Alrededor de uno de cada tres usuarios de internet en el mundo es menor de 18 años, y detrás de un nombre de usuario amigable puede haber alguien que usa tácticas de captación de menores para concertar un encuentro. Las denuncias lo confirman. La sextorsión, en la que alguien coacciona a un niño con imágenes explícitas, se denunció a la línea nacional de denuncias de Estados Unidos 187,000 veces en 2023, 546,000 veces en 2024 y alrededor de un millón de veces en 2025. En 2025, una niña de 10 años en California fue secuestrada por un desconocido al que conoció a través de un juego y una aplicación de chat.
La IA empeora los dos peligros. Hace que los motores de recomendación sean mejores para retener la atención y que los feeds sean imposibles de agotar. Automatiza la captación de menores, genera material de abuso e impulsa chatbots creados para generar dependencia emocional en niños que no pueden distinguir una máquina de un amigo.
Son problemas reales y merecen soluciones reales. La pregunta útil es qué soluciones llegan de verdad a ellos.
Lo que de verdad los protege
La única protección que no se puede desinstalar es un niño que entiende el porqué. Eso viene de que los padres actúen, no solo de que sepan: configurar los controles parentales, dar el ejemplo de una relación sana con la tecnología, explicar las razones y mantenerse lo bastante cerca para detectar los problemas a tiempo. Las herramientas para hacerlo ya existen. Hoy, las cuentas familiares de Apple y Google hacen que cada descarga y cada compra esperen la aprobación de la familia, sin costo, con la decisión donde corresponde: en la familia. El trabajo es enseñar a los padres a usarlas y darles a los niños el criterio que puedan llevar consigo cuando nadie los está mirando.
El gobierno también tiene un papel real, y ya está funcionando. Las leyes vigentes de protección al consumidor y de responsabilidad por productos están llegando a las empresas que construyeron el daño: en marzo de 2026, dos jurados declararon a Meta responsable de dañar a niños según leyes estatales vigentes, incluido un veredicto de US$375 millones en Nuevo México. La aplicación de la ley penal llega al depredador en el chat, donde ninguna verificación de edad puede llegar. Esas son palancas que vale la pena financiar y fortalecer.
También hay maneras de lograr que las empresas protejan a los niños a propósito. Hoy, en Estados Unidos, si una empresa identifica a un usuario como niño, ese conocimiento puede generar responsabilidad legal, así que lo racional es evitar saberlo: no preguntar, no verificar, construir un solo producto para todos y dejar que los niños lo usen de todos modos. Una regla de puerto seguro invertiría eso. Si proteges a una empresa que actúa de buena fe para encontrar y proteger a los menores, como las leyes del Buen Samaritano protegen a quien interviene para ayudar, recompensas la conducta que quieres en lugar de castigarla. Los créditos fiscales para la investigación sobre la seguridad infantil, el financiamiento de la educación en alfabetización digital y la certificación de productos creados para ser seguros hacen lo mismo: les dan a las empresas una razón para proteger a los niños, en lugar de crear otro sistema de registros que mantener.
Dónde ayuda el gobierno y dónde no
El gobierno es una palanca para la rendición de cuentas. Puede hacer responsable a una empresa por un daño. No es el lugar adecuado para tomar las decisiones de una familia, y las leyes que obligan a verificar la edad lo ponen ahí.
Para comprobar que un usuario tiene edad suficiente, un sistema tiene que recopilar información de identidad de cada usuario, incluido cada adulto. Esa información no desaparece cuando termina la sesión. Se convierte en un registro permanente de quién intentó acceder a qué, guardado en algún lugar, sujeto a las reglas que existan en ese momento y a quien tenga el poder después. Toda base de datos de información personal que se ha construido ha terminado usándose más allá del propósito para el que se creó. La pregunta no es si eso pasa, sino cuándo.
La respuesta habitual es que la tecnología ahora es privada. Parte de ella puede serlo. Una prueba de conocimiento cero es un método que confirma un solo dato, como “mayor de 18”, sin entregar la identificación que lo respalda. Esa es la buena versión, y es real. Pero incluso la buena versión tiene que obtenerse de una base de datos central de identidad, y esa base de datos es la parte que sufre filtraciones. Francia construyó el diseño más protector de la privacidad del mundo y lo ancló en el sistema nacional de identidad. En abril de 2026, un joven de 15 años extrajo 11.7 millones de registros de ese sistema a través de una vulnerabilidad básica. La criptografía no falló. Falló la base de datos que había debajo.
Y la obligación ni siquiera llega al daño que promete corregir. La sextorsión y la captación de menores ocurren en el chat, dentro de una aplicación que el niño ya tiene. Una verificación de edad en la puerta de descarga nunca toca ese espacio. Peor aún, la verificación desplaza a los niños en lugar de detenerlos. Un estudio prerregistrado de investigadores de NYU y Stanford analizó el comportamiento de búsqueda en 18 estados de Estados Unidos con estas leyes: las búsquedas del sitio que cumplía la ley bajaron un 51 por ciento, las búsquedas de un sitio que no la cumplía subieron un 48 por ciento y las búsquedas de VPN, las herramientas que permiten esquivar la verificación, subieron un 24 por ciento. Australia eliminó 4.7 millones de cuentas de menores de 16 años para diciembre de 2025, y una encuesta hecha meses después encontró que más del 60 por ciento de esos adolescentes seguía teniendo acceso. El sistema produjo registros, no seguridad.
Nada de esto es un argumento en contra de preocuparse. Es la razón por la que una obligación regulatoria es la herramienta equivocada para la tarea de una familia.
Las preguntas que vale la pena hacer
Si estás evaluando una de estas leyes, vale la pena detenerse a pensar en tres preguntas, sobre ese proyecto de ley y sobre cualquier otro parecido.
¿Qué daño concreto estamos remediando y cómo sabremos si funcionó? La mayoría de estos proyectos de ley no definen qué sería un éxito, no establecen ninguna medición y no dejan ninguna manera de saber si el problema al que apuntan empeora.
¿La solución corresponde al problema? Si el daño son los algoritmos adictivos, una obligación en la puerta de la tienda de aplicaciones no cambia ningún algoritmo. Si el daño son los depredadores que llegan a los niños, no cambia ningún sistema de chat. Pone una barrera al acceso a la tienda. El daño ocurre dentro de las aplicaciones.
¿Qué pasaría si recompensáramos el resultado que queremos en lugar de castigar el fracaso? Reglas de puerto seguro, créditos fiscales, financiamiento para la educación, certificación. Ninguna de estas medidas requiere una base de datos con la identidad y la actividad de cada niño. Todas trabajan hacia el resultado que de verdad queremos.
La presión para proteger a los niños es real, y también lo son los peligros. La decisión es si los enfrentamos con las herramientas que llegan al daño o con un sistema que registra a todos y no llega a nada de él.
Si estás trabajando en una de estas preguntas, con gusto reviso contigo o con tu equipo la realidad técnica.
Ben Gillenwater, Family IT Guy
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El razonamiento completo detrás de esto, con citas: Una Declaración de Principios